«Desde 1985 la legislación española de extranjería es la de un estado de excepción»

«La inmigración, como proceso social y jurídico, sigue desafiando a los derechos humanos. Las personas llevan sus derechos en una mochila, la cual deben dejar o no en cada frontera, ya que al entrar en otro país solo tienen los derechos que decide ese estado. La universalidad quiebra con el concepto de ciudadanía, y hay que seguir dando repuestas sólidas en este ámbito». Analizar y concienciar sobre la erosión del Estado social como resultado de la actual crisis sistémica es parte de los objetivos que persigue el proyecto dirigido por María José Añón (Valencia, 1959), catedrática de Filosofía del Derecho y Secretaria General de la Universitat de València, e integrado por investigadores del Instituto de Derechos Humanos de la UV, equipo que se incluye en los grupos de excelencia Prometeo de la Generalitat Valenciana.

Pregunta. Su primer proyecto Prometeo de 2009 abordaba las políticas públicas en inmigración e integración, y su proyecto vigente ha pasado a tratar la justicia social, la exigibilidad de los derechos y la integración. ¿A qué se debe este cambio de enfoque?
Respuesta. El proyecto Prometeo en su primera fase se centró en el fenómeno migratorio y en los procesos de integración. Para el grupo de investigación esto precisaba una atención prioritaria. Sin embargo, la actual situación de crisis sistémica y la erosión de los derechos que la ha acompañado y en cierto modo justificado, la constatación de que la desarticulación de los derechos está generando una mayor exclusión social exigía una perspectiva más amplia, que aborda la cuestión del acceso y ejercicio de los derechos de los grupos en situación de mayor precariedad y vulnerabilidad, entre los que se incluyen las personas inmigrantes.

P. El marco de referencia de su investigación son los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Cómo han evolucionado?
R. En estos últimos veinte años los sistemas normativos internacionales de derechos humanos se han hecho más complejos y más amplios o con mayor alcance. Constituyen sistemas jurídicos multinivel, cuyas ordenaciones no son claras y pueden plantear disfunciones o contradicciones que afectan a la regulación estatal: el nivel internacional universal del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas; el del Consejo de Europa que cuenta con el Tribunales Europeos de Derechos Humanos, o la Carta de Derechos Fundamentales y el Tribunal de Justicia en el espacio de la Unión Europea. Nuestro enfoque pretende aprovechar los grandes avances en el orden internacional universal o regional europeo, extrayendo la teoría, la argumentación y la interpretación más protectora y garantista de los derechos humanos, para elaborar respuestas jurídicas adecuadas, desarrollando criterios interpretativos en materia de garantías de los derechos sociales que plantean mayores dificultades de acceso a la justicia, y que en el orden estatal se han erosionado como resultado de la crisis.

«El derecho, aparte de servir para reparar las injusticias, crea identidad»

P. Su proyecto cuenta con un equipo interdisciplinar de juristas del Instituto de Derechos Humanos, nacido del grupo de estudios sobre ciudadanía, inmigración y minorías, formado por el profesor Javier de Lucas hace 22 años. Entonces sorprendía que los estudios sobre inmigración traspasaran la sociología y la antropología, pero hoy es un área transversal.
R. El enfoque propio de los procesos migratorios, como ocurre también en el de género, ha sido visto con reticencias durante mucho tiempo por buena parte de los cultivadores de todas las ramas del Derecho. Un aspecto fundamental para asumir estas perspectivas implica tomar conciencia de que el derecho crea identidad. El derecho, aparte de servir para reparar las injusticias y construir instituciones para superarlas, también crea identidad con categorías como “extranjero”, “hombre” o “mujer” con las que se clasifica a los seres humanos y de las que se deriva la titularidad, las formas y las consecuencias del ejercicio de los derechos. Cuando toma conciencia de esa capacidad, desde el Derecho se puede “deconstruir” tales categorías y regularlas de otra forma. Se trata de un proceso muy interesante, y muy largo.

P. Los derechos no son cajones aislados, por lo que su enfoque combina la teoría unitaria.
R. La erosión de los derechos sociales afecta de lleno a la justicia social, la seguridad y la participación ciudadana. El proyecto parte de una teoría crítica de la justicia N. Fraser, y sitúa el origen de las injusticias sociales y la erosión de los derechos en tres fuentes: la falta de recursos materiales y la redistribución de los mismos; la falta de reconocimiento de la identidad, no como elemento cultural de ornato, sino como factor de injusticia social; y la falta de participación, la ausencia de voz, la imposibilidad de ser escuchado socialmente. Cuando esto ocurre no se están protegiendo los derechos de libertad ni seguridad de las personas para garantizar su participación en condiciones de igualdad, quedando totalmente relegada, porque nuestra sociedad no da voz a las personas ni a los grupos institucionalmente. Por tanto, las respuestas que construyamos han de resolver y responder a esas tres fuentes de injusticia.

P. El retroceso en unos derechos implica el retroceso del Estado de Derecho.
R. El profesor Javier de Lucas lo señala siempre, con toda razón: si para las personas no nacionales se establecen unas normas jurídicas propias de un estado de excepción en vez de un estado de derecho, limitando constantemente sus derechos en razón de argumentos que no pasarían el test de los derechos humanos, esta situación no solo afecta a estas personas, sino a toda la sociedad. La mirada del propio sistema jurídico-político sobre este grupo de personas repercute en la forma de ver los derechos de los demás. Aunque se crea lo contrario, no es cierto que se establezca ese estado de excepción por reconocer el estado de derecho. Las normas que quiebran los principios del Estado de Derecho afectan a todo el entramado institucional y al conjunto de los derechos de todo orden.

«La modificación de la ley de seguridad ciudadana comporta la restricción de diversos derechos»

P. Una pretensión de su investigación es constituir un espacio de asistencia jurídica en el Instituto de Derechos Humanos.
R. La metodología del proyecto busca combinar la clínica jurídica y el litigio estratégico. A diferencia del litigio privado, el litigio estratégico plantea proteger un problema con interés general o público, desarrollando un grupo de trabajo que, a partir de parámetros jurídicos internacionales y estatales, trata de articular una argumentación para trasladarla ante la administración, un tribunal u otras instancias, de forma que el caso cambie la norma o su interpretación para derivar en una mayor protección. Para su realización es fundamental el vínculo con la clínica jurídica, un ámbito donde se vincula la formación del estudiante con la investigación, y que permite actuar de distintas formas. Un ejemplo, sería la elaboración de informes ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, a través de la figura del amicus curiae. Nuestro compromiso es la formación en derechos humanos y el asesoramiento, con el valor añadido de aumentar la conciencia de lo que significa tener derechos y sus consecuencias.

P. ¿Son herederos de Ferrajoli, de la línea del derecho como protector del más débil?
R. Más que herederos, coincidimos con Ferrajoli en asumir toda una línea de pensamiento que proviene de los clásicos. Sin embargo, no hay que olvidar que esta perspectiva convive, también desde el pensamiento griego, con una forma muy distinta de concebir el Derecho, quienes sostienen que el Derecho es la ley del que tiene poder y la impone. Nuestra concepción defiende el Derecho para proteger al más débil o quien se encuentra en peor situación. Las dos visiones atraviesan en un mismo sistema jurídico. Si se trabaja en el ámbito de los derechos humanos y fundamentales, se espera del Derecho y de los derechos que sean capaces de maximizar la autonomía de las personas y minimizar el impacto del poder sobre sus vidas, sin perder de vista que los derechos han sido el producto de luchas de intensidad distinta y pueden perderse con facilidad en cuanto dejamos de luchar por ellos.

P. Uno de los puntos a analizar en su investigación será la aprobación de la nueva ley de Seguridad Ciudadana, que incluye la reforma de la ley de Extranjería. ¿Cómo la acogen?
R. Una de las líneas del proyecto aborda la colisión entre el desarrollo normativo en materia de seguridad y cómo éste afecta a la libertad y a la justicia. Desde hace unos años estamos en un proceso que afecta negativamente a todos los derechos. La modificación de la legislación sobre seguridad ciudadana comporta la restricción de diversos derechos, y contamos con un grupo de especialistas que está trabajando en este aspecto. Se han presentado informes contrarios a la ley durante su curso de aprobación. Si en aras de la seguridad el legislador está dispuesto a recortar libertades básicas, o cuando varios derechos entran en conflicto prevalece la seguridad, habría que empezar por definir qué entiende la nueva legislación por seguridad, respecto a quién y en qué condiciones.

«Las devoluciones en caliente son absolutamente contrarias al estándar internacional de derechos humanos»

P. Ante las denominadas devoluciones en caliente, ¿cómo definiría la situación de la política española en materia migratoria?
R. Las devoluciones en caliente son absolutamente contrarias al estándar internacional de derechos humanos que regula los derechos de los migrantes, y también son contrarias a las normas europeas. Es una práctica ilegal que ha pasado a tener una cobertura normativa que pretende darle apariencia de derecho. Hay que analizar todas las posibilidades, en caso de que esto prospere la ley, en orden a cuestionar su constitucionalidad, no solo por ser contraria a los derechos fundamentales de nuestra Constitución, sino también porque vulnera los tratados de derechos humanos firmados por España. Desde 1985 la legislación española de extranjería, con distintos grados y acentos, siempre ha constituido un estado de excepción que, en lugar de reconocer, ha limitado los derechos fundamentales a las personas que no tenía la nacionalidad española o alguna de las 27 nacionalidades de la UE.

P. ACNUR apuntaba recientemente que el carácter los flujos migratorios hacia España había cambiado en los últimos años, motivado cada vez más por la petición de asilo. ¿El asilo es una asignatura pendiente en nuestro estado?
R. No solo en España. La institución del asilo y el refugio en Europa está en retroceso absoluto. La mayor parte de las personas que llegan a las costas italianas, españolas o griegas, son solicitantes de asilo y refugio procedentes de países en guerra, huyendo del riesgo a perder la vida por razones políticas o religiosas. Aunque se encuentren en esa situación, la UE los trata como inmigrantes, no les reconoce el estatuto de refugiado o asilado. Europa tuvo durante las décadas de los 50 y 70 muchos programas de asilo y refugio, y cuenta con normas que lo regulan, pero hoy su política les niega el “titulo” de refugiados y asilados y rechaza de planto a sus derecho, aunque haya indicios y pruebas suficientes de que huyen perseguidos por razones definitorias del refugio y asilo, y de ahí la denegación estadísticamente desproporcionada de solicitudes. Es un muro contra el que los derechos humanos se estrellan.